Más del 70% de los españoles están a favor de regular la eutanasia

El suicidio asistido de María José Carrasco, enferma terminal esclerosis múltiple desde hacía 30 años, con la ayuda de su marido, y la detención y posterior puesta en libertad de éste en Madrid han reabierto el debate sobre la despenalización de la eutanasia, una cuestión que ha quedado paralizada en el Parlamento.

Tras 14 intentos fallidos de regular la eutanasia en España, la proposición de ley presentada por el PSOE el pasado mes de junio para reformar el artículo del Código Penal que castiga la ayuda al suicidio y que pretende despenalizar el derecho, en determinadas circunstancias, a elegir el momento de la muerte y recibir asistencia médica para ello, ha sido interrumpido sin que la ley pudiera llegar a ser discutida en ponencia por la obstrucción del PP y de Ciudadanos, gracias a su mayoría en la Mesa del Congreso.

El Código Penal establece en el artículo 143 que “el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años”, una condena que se reduce en caso de que este acto se realice “por la petición expresa, seria e inequívoca de éste” en el caso de enfermedad grave. No obstante, existe una normativa que incide en el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales. Además, varias Comunidades Autónomas cuentan con leyes propias en el ámbito de muerte digna. Canarias por ejemplo, cuenta desde marzo de 2015 con una ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. Alrededor de 6.500 personas en Canarias requieren cuidados paliativos

Según el periódico El País, distintas encuestas realizadas a nivel nacional, más del 70% de los españoles están a favor de regular la eutanasia en caso de grave e incurable enfermedad que provoque grandes sufrimientos. La eutanasia y el suicidio asistido se aplican sin problemas desde hace años en varias países como Bélgica, Holanda o Suiza. Existe el temor a que su despenalización pueda llevar a que se produjese una situación de abuso ilegítimo, pero la experiencia de otros países demuestra que existen mecanismos de control capaces de evitarlo.

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