Tras el último dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia del pasado mes de marzo, se destaca que ha habido un aumento de 613 personas más que en el mismo periodo del año 2016. Un total de 1.123 personas se han incorporado al sistema de dependencia en Canarias.
Repasando las estadísticas proporcionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a día 31 de marzo, un total de 30.818 canarios tienen reconocido el derecho a la Dependencia. No obstante, se puede comprobar que la lista de espera a noviembre de 2018 ascendía a más de 9000 personas. Esto quiere decir que de las más 30000 personas que hay dentro del sistema con derecho a ser atendidas por la Ley de Dependencia, sólo 22.176 personas están recibiendo algún tipo de ayuda, mientras que 8.642 personas disponen de la resolución de reconocimiento de grado pero están pendientes de su Plan de Atención Individual (PIA), lo que significa que no están recibiendo ningún tipo de prestación. Por su parte, la Ley de Servicios Sociales sigue estancada en el Parlamento. Si bien es verdad que el Parlamento de Canarias pretende impulsar un plan para que el Ejecutivo Regional incorpore 100 millones de euros más a la dependencia.
Con respecto a años anteriores, la Consejería señaló que en 2016 se dieron de alta en el primer trimestre del año 510 personas, mientras que en 2017 fueron 130 y en 2018 se alcanzaron 924 personas. Con respecto a las cifras globales, en los últimos tres años las estadísticas muestran que se han registrado un total de 13.857 nuevas altas brutas de resoluciones de reconocimiento de prestación. De este modo, y si sumamos a esta cifra las 1.123 altas de enero, febrero y marzo de 2019, la cifra total de altas asciende a 14.980 altas.
El Gobierno se enorgullece de los “servicios y prestaciones” otorgados a 5.000 personas en 2018, y destaca que la lista de espera ha disminuido en 2.000 usuarios. Si bien es verdad que la lista de espera ha bajado en los últimos tres años, queda aún mucho por hacer . La realidad refleja que los datos varían cada año ya que la mayoría de las personas que se acogen a este sistema tienen una edad avanzada (más de 80 años). Todo pequeño avance en esta campo es positivo pero sin una Ley de Servicios Sociales que garantice el futuro de la Ley de Dependencia seguirá siendo incierto en Canarias.
